DESDE MI ATALAYA DIGITAL (XL). GUÍA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEDIDAS A TOMAR POR LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS

Creo que son verdades como puños las declaraciones a ABC del consejero de sanidad de la comunidad de Madrid sobre el objetivo último del presidente del gobierno de España ante la reunión que celebrará mañana con Isabel Díaz Ayuso: «Escudero denuncia el abandono que la comunidad autónoma ha sufrido por parte del Gobierno, al que señala como responsable de una estrategia cuyo objetivo no ha sido otro que forzar la claudicación de Madrid para que solicite al Ejecutivo de Pedro Sánchez la declaración regional del estado de alarma, figura constitucional contra cuyos excesos y arbitrariedades no ha dejado de clamar la presidenta de la comunidad». Clama al cielo, valga la redundancia, el ninguneo constante por parte del presidente y la negativa a ser recibida tras solicitarlo una y otra vez, sin olvidar el menosprecio ante la solicitud inicial más importante y decisiva: la del control de viajeros procedentes de todo el mundo, naturalmente de España, por parte del estado (hay que recordar que el aeropuerto Adolfo Suárez es competencia del estado español).

José María Martín-Moreno cuenta con un currículum que habla por sí solo: catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y doctor en Salud Pública, Epidemiología y Gestión Sanitaria por la Universidad de Harvard. Además, Martín-Moreno puede presumir de haber trabajado como asesor de la Organización Mundial de la Salud y para ministros de Sanidad de distinto signo político: desde Ernest Lluch a Ana Pastor, pasando por Trinidad Jiménez.

Hoy, es uno de los firmantes de la carta que la élite de la ciencia española ha enviado a la prestigiosa revista The Lancet para solicitar, una vez más, una evaluación independiente de la gestión del coronavirus en nuestro país. No es la primera vez que lo hacen, pero ante la política de oídos sordos del Gobierno, han decidido insistir. Y lo cierto es que al menos esta vez han conseguido que el ministro de Sanidad se comprometa a recibirles el próximo 1 de octubre.

En conversación con Libertad Digital, Martín-Moreno dice afrontar ese encuentro sin prejuicios, pero es evidente cuál es su opinión sobre la gestión que se ha hecho de la pandemia: «Necesitamos una evaluación urgente y no puede esperar más, porque esa confusión, esa falta de brújula, está determinada por la falta de evaluación sistemática».

En los últimos meses, no han sido pocas precisamente las ocasiones en las que tanto el presidente del Gobierno como el ministro Illa han respondido a las preguntas de la prensa alegando que eso será algo que habrá que hacer cuando todo haya terminado. Sin embargo, Martín-Moreno insiste: «No estamos buscando una evaluación estética o cosmética». Sobre quiénes han de hacer ese trabajo, este doctor en Salud Pública tiene claro que han de ser «personas independientes, que se guíen por la evidencia, no por la conveniencia», un perfil que hasta ahora ha brillado por su ausencia.

Hace dos semanas, precisamente, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos exigía el relevo de Fernando Simón, por considerar que había demostrado «su total incapacidad» y pedía que no se le llamase doctor, porque no lo era. Martín-Moreno dice respetar a todas las personas, pero no esconde sus «grandes discrepancias» con el que se ha convertido ya en el portavoz del Gobierno ante la pandemia: «No sé si ha decidido, porque no sé cuál ha sido su papel, pero sí lo que ha comunicado y evidentemente ha habido muchas contradicciones, muchos bandazos… Desde el momento en que iban a ser solo dos casos, hasta que las mascarillas no eran útiles. Es decir, ha habido errores muy notables».

Con todo, al igual que sus colegas, este científico sólo espera que el Gobierno entre en razón y se dé cuenta de la necesidad de escuchar a los que realmente saben. Y por si alguien duda de sus verdaderas intenciones, Martín-Moreno lo deja claro: «Nosotros ni queremos ni nos ofrecemos a hacer la evaluación, porque entendemos que podría haber un conflicto de intereses». En cualquier caso, insiste, España cuenta con profesionales de sobra para que el Gobierno configure su particular grupo de expertos, «que se guíen por lo que ven y por la verdad». Él se resiste a opinar sobre lo que se ha hecho hasta ahora, pero hay veces que el que calla, otorga y, como él mismo reconoce, «creo que más claro no puedo ser».